“La austeridad no debería identificarse exclusivamente con los ajustes, ni considerarse una medida coyuntural, sino una norma exigible con carácter permanente, especialmente cuando se administran recursos ajenos”
La Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras celebró en la tarde noche del pasado jueves en su sede social de calle Consistorio número 13 una nueva sesión de su ciclo ‘Economía y Sociedad’ protagonizado en esta ocasión por el Académico Correspondiente Alberto Manzano Martos, quien dictó la ponencia titulada ‘Crisis económica: dilema y perplejidades’. El ponente fue presentado por el Académico de Número, coordinador del presente ciclo y Vicepresidente de Artes de esta Real Academia de San Dionisio Juan Salido Freyre.
Destacamos a continuación algunas de las reflexiones y aseveraciones de la brillante ponencia de Alberto Manzano:
- Hoy, siete años y medio después, parece claro que nuestra economía está en una clara senda de recuperación: el PIB creció en 2014 un 1,4 por ciento; han mejorado en mayor o menor medida un buen número de indicadores económicos; la recaudación de impuestos se ha incrementado en un 4,3 por ciento; y el empleo computado por la EPA ha aumentado en 433.900 personas. Las previsiones para 2015 son optimistas. La Comisión Europea ha elevado hasta el 2,3 por ciento su estimación de crecimiento de la economía española, y augura que el paro descenderá hasta el 22,3 por ciento. El servicio de estudios del BBVA, más optimista, que eleva su estimación de crecimiento del PIB hasta el 2,7 por ciento. Sería injusto no reconocer que este cambio de tendencia en la evolución de nuestra economía se debe en gran parte a las medidas adoptadas por el gobierno actual, eficazmente ayudadas por las oportunas intervenciones del Banco Central Europeo.
- Pero haber dejado atrás la recesión no significa que hayamos salido de la crisis. Además, la situación de nuestra economía es aún muy frágil. Seguimos teniendo un fuerte endeudamiento externo (1,7 billones de euros al cierre del tercer trimestre de 2014), la deuda pública contabilizada conforme al “procedimiento de déficit excesivo” representa el 96,8 por ciento del PIB, pero las obligaciones totales del sector público superan el 140 % de dicha magnitud; y tenemos una cifra de paro que, aun corregida en parte por la economía sumergida, constituye sobre todo un drama humano insufrible y un factor de desintegración social.
- Por otra parte, el crecimiento de nuestra economía está impulsado por dos factores positivos ajenos a la capacidad de decisión de nuestros gobernantes: a) Un precio históricamente bajo del dinero, propiciado por las decisiones del Banco Central Europeo, la enorme liquidez de los mercados, y la recuperación de la confianza de los inversores en España. Y b) Un precio anormalmente bajo del petróleo que reduce nuestra factura exterior y repercute a la baja en nuestros precios anteriores.
- A ello habría que añadir la depreciación del euro frente al dólar, que puede favorecer el incremento de nuestras exportaciones a países ajenos a la Zona Euro, la operación de compra de deuda puesta en marcha por el Banco Central Europeo, y las mejores expectativas de crecimiento de los países de la Zona Euro.
- El riesgo más importante de nuestra economía es su dependencia de los flujos financieros que están entrando en nuestro país a través de la compra de deuda pública y privada, y de las inversiones de los extranjeros. La retirada de esos flujos nos devolvería a un escenario muy difícil. El otro gran riesgo es la inestabilidad política. La dureza de la crisis ha generado una enorme fractura social. La crísis ha incrementado el número de desempleados en casi cuatro millones de personas. Muchas de ellas no tienen esperanza de encontrar un nuevo trabajo, y muchos jóvenes no han tenido la oportunidad de acceder a su primer empleo o de encontrar una ocupación profesional acorde a sus capacidades. Otras personas han visto minorados sus ingresos y sus expectativas económicas, y han tenido que reducir su nivel de vida.
- En definitiva, se ha producido un grave deterioro de la clase media en que se asentaba nuestro sistema democrático, a lo que se unen el desaliento de la juventud y la explosión de casos de corrupción, que han puesto de manifiesto las deficiencias de un sistema político que se ha ido alejando del espíritu con que se elaboró la Constitución de 1978.
- La deuda externa de nuestro país se elevaba al final del tercer trimestre de 2014 a 1,7 billones de euros, equivalentes a más de 1,6 veces nuestro PIB. Esta cifra es prácticamente idéntica a la que teníamos en 2012, aunque con una composición diferente: se ha reducido el endeudamiento externo del sector privado, pero ha crecido el del sector público. No hace falta ser economista para saber que endeudarse en exceso es muy peligroso, y más aún si lo hacemos para gastar más y vivir mejor, para prolongar negocios no viables, o para hacer inversiones faraónicas que no van a producir rendimientos suficientes para devolver lo que han costado. Lo normal es que nuestras disponibilidades de tesorería no coincidan con lo que tenemos que ir pagando por intereses y amortizaciones, y tengamos que conseguir nuevos créditos o negociar con nuestros acreedores una renovación o prórroga. Nuestros acreedores pueden considerar que ya no merecemos su confianza, o pueden acceder a nuestras pretensiones pero cobrándonos intereses mucho más elevados. Esto es lo que nos ha ocurrido a España y a los españoles, y ésa ha sido una de las principales causas de que la crisis nos haya golpeado con más dureza que a otros países de nuestro entorno.
- Es razonable, por tanto, que el gobierno haya subido los impuestos, aunque no nos guste, mas aún cuando nos había prometido lo contrario; es oportuno que se corrijan las deficiencias de nuestro sistema fiscal para hacerlo más equitativo y eficiente; y es necesario actuar con mayor eficacia para erradicar la elevada elusión fiscal. Pero no es razonable pensar que se va a poder eliminar a corto plazo el déficit público solamente aumentando más los impuestos, que ya son muy elevados para la mayoría de los ciudadanos. En una economía libre, los impuestos excesivos y elevados son incompatibles con el crecimiento económico: limitan el consumo y el ahorro, y ahuyentan al capital y al talento, que buscarán refugio en otros países. Por tanto, la mejor manera de defender nuestro estado del bienestar es hacerlo sostenible con una carga fiscal razonable para los ciudadanos, y ello exige que el sector público se administre eficientemente, y que los ciudadanos lo perciban así.
- Nuestras administraciones públicas han realizado en estos dos últimos años un gran esfuerzo para recortar su déficit, pero me resulta difícil pensar que se ha corregido totalmente la situación generada por muchos años de exuberancia de ingresos, que ha permitido una proliferación también exuberante de actividades, órganos, gastos e inversiones que no eran estrictamente necesarios, que no pueden ni deben mantenerse en el futuro, y que han sido el caldo de cultivo perfecto para la corrupción.
- La austeridad no debería identificarse exclusivamente con los ajustes, ni considerarse una medida coyuntural, sino una norma exigible con carácter permanente, especialmente cuando se administran recursos ajenos. Y esto vale tanto para las administraciones públicas como para la economía privada. Los países más avanzados de nuestro entorno, aquéllos que se nos proponen como modelos a seguir, son los que gestionan sus recursos, tanto públicos como privados, de forma austera y eficiente. Las empresas que perduran y prosperan son también aquéllas que gestionan sus recursos de forma austera y eficiente, para poder ofrecer a sus clientes productos y servicios de calidad a precios competitivos. Pero, para ser eficientes no basta con ser austeros, sino que hay que utilizar bien los recursos disponibles. Por tanto, tendremos que concentrar el empleo de los recursos públicos en la financiación de lo que es realmente importante (educación, sanidad, pensiones, seguridad, protección de quienes no tienen posibilidad de cubrir sus necesidades básicas), y en inversiones y gastos productivos que fomenten efectivamente el crecimiento sostenible.
